El presidente Javier Milei firmó un decreto que exime a los proveedores de servicios de activos virtuales (PSAV o VASPs) registrados de pagar el “impuesto al cheque” — el tributo del 1,2% sobre créditos y débitos en cuentas bancarias que recaía sobre los movimientos de exchanges cripto desde fines de 2021. La medida iguala costos con los bancos tradicionales y muchas fintechs, y se espera que el ahorro llegue a los usuarios a través de comisiones más bajas en depósitos y retiros.

El decreto, publicado en el Boletín Oficial, extiende exenciones que antes favorecían a los jugadores convencionales a las plataformas cripto registradas ante la CNV que operen cuentas exclusivas para sus actividades. Es el último paso de la actual administración para reducir fricciones en un mercado con alta actividad de usuarios.

Contexto: el impuesto al cheque y su aplicación desigual

El Impuesto sobre los Créditos y Débitos en Cuentas Bancarias y Otras Operatorias (conocido como impuesto al cheque) fue creado por la Ley de Competitividad y reglamentado por decretos. En noviembre de 2021, bajo la administración anterior, una norma otorgó exenciones a bancos y ciertos procesadores de pagos, pero dejó explícitamente fuera de esas dispensas a las operaciones vinculadas con cripto.

Como resultado, cuando los usuarios movían pesos hacia o desde exchanges — incluso regulados — el 1,2% impactaba los movimientos bancarios subyacentes. Las plataformas absorbían parte o lo trasladaban en comisiones; en cualquier caso, encarecía los on-ramps y off-ramps en comparación con canales tradicionales o fintechs exentas.

El régimen de registro de PSAV, a cargo de la Comisión Nacional de Valores (CNV), lleva años vigente. Quienes están inscriptos deben cumplir estándares de compliance, prevención de lavado y operación. El nuevo decreto trata a las cuentas calificadas usadas exclusivamente para actividades de PSAV de forma similar a otros operadores de pagos ya exentos.

Qué establece concretamente el Decreto 475/2026

Firmado el 17 de junio y publicado al día siguiente, la norma modifica el anexo del decreto para incorporar:

  • Cuentas utilizadas en forma exclusiva para las operaciones inherentes a las actividades específicas de los sujetos que revistan el carácter de Proveedores de Servicios de Activos Virtuales, siempre que estén inscriptos en el Registro de la CNV.
  • Esas cuentas también deben inscribirse en el registro dispuesto por la Resolución General AFIP correspondiente.

La exención apunta a los movimientos vinculados con la atención de consumidores finales. No otorga un pase general a toda actividad cripto: se enfoca en las piernas fiat de entrada y salida en plataformas licenciadas.

En palabras del propio decreto, las modificaciones adaptan la normativa a los adelantos tecnológicos y al nuevo marco regulatorio, al tiempo que equiparan las condiciones de sujetos que realizan actividades de naturaleza similar pero tenían tratamiento distinto.

Reacción de la industria

Las plataformas locales celebraron el cambio.

Julián Colombo, Senior Director para Sudamérica en Bitso, publicó que después de 534 días se niveló la cancha para el sector cripto regulado. Anticipa que el impacto se sentirá en los próximos meses con más y mejores productos de todas las plataformas.

Manuel Beaudroit, cofundador, CEO y CPO de Belo, agradeció públicamente al presidente Milei y señaló que millones de argentinos se benefician con decisiones de este tipo.

Los ejecutivos ven el alivio como una oportunidad para competir más directamente en precio y funcionalidades sin el recargo histórico que solo cargaban los operadores cripto.

Por qué importa para América Latina

Argentina suele ubicarse entre los mercados de mayor adopción cripto del mundo. Hogares y empresas llevan años usando bitcoin y stablecoins para sortear inflación, controles cambiarios y fricciones bancarias. Los on-ramps y off-ramps en plataformas locales son la vía práctica para la mayoría de los usuarios.

Eliminar un costo embebido del 1,2% en los movimientos fiat-cripto mejora directamente la ecuación para usuarios minoristas que depositan pesos para comprar stablecoins o retiran sus fondos. Para freelancers, comerciantes y pymes que dependen de estos canales, incluso reducciones modestas de comisiones se acumulan.

La política también envía una señal de continuidad en el trato a la infraestructura cripto regulada como un servicio financiero más. Eso importa para países vecinos que observan cómo evolucionan los regímenes de PSAV — desde la ley de activos virtuales de Brasil hasta marcos en México y otros. Menor fricción operativa a escala puede sostener mayor liquidez, más pares en moneda local y productos adicionales de pagos o ahorro construidos sobre las mismas vías.

Los usuarios que prefieren autocustodia también se benefician: la menor fricción ocurre en el on-ramp regulado, tras lo cual los activos pueden moverse a billeteras personales.

Conclusión

El Decreto 475/2026 elimina una desventaja competitiva explícita que pesaba sobre los exchanges cripto de Argentina desde fines de 2021. Para los usuarios, el efecto directo debería verse en on-ramps y off-ramps fiat más baratos o competitivos en las plataformas ya registradas ante la CNV.

El cambio es acotado y técnico — cuentas específicas, operadores registrados, flujos dirigidos a consumidores — pero es concreto. Baja una barrera sin alterar modelos de custodia ni crear nuevos mandatos.

Nada de lo aquí expuesto constituye asesoramiento financiero, impositivo o legal. Los cambios de comisiones, lanzamientos de productos y detalles de implementación vendrán de las propias plataformas. Los documentos oficiales y comunicados primarios siguen siendo las fuentes autorizadas.

Fuentes: